La Corte Penal Internacional

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La Corte Penal Internacional (CPI), la única jurisdicción penal internacional permanente, es un pilar del sistema de justicia penal internacional. Su función es juzgar a los autores de los crímenes internacionales más graves, ayudando a evitar que se vuelvan a perpetrar y haciendo justicia para las víctimas. Francia brinda todo su apoyo a esta jurisdicción, contribuyendo a su presupuesto, promoviendo su universalidad y respondiendo a sus solicitudes de cooperación judicial.

¿Qué es la Corte Penal Internacional y cómo funciona?

La CPI fue creada por el Estatuto de Roma. 123 Estados son parte en el Estatuto, que fue firmado por Francia el 18 de julio de 1998 y ratificado el 9 de junio de 2000. El Estatuto entró en vigor el 1 de julio de 2002, tras haber sido ratificado por 60 Estados.

La competencia de la Corte se limita a los «crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto», cometidos tras la entrada en vigor del Estatuto de Roma, a saber:

  • el crimen de genocidio;
  • los crímenes de lesa humanidad;
  • los crímenes de guerra;
  • el crimen de agresión, que fue agregado tras la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma en junio de 2010.

La competencia de la Corte no es universal.

Solo se ejerce respecto de los crímenes cometidos por nacionales o en el territorio de los Estados Partes o de los Estados no Parte que aceptaron su competencia mediante una declaración. La Corte puede también ejercer su competencia respecto de los crímenes que le han sido remitidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con una resolución adoptada en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

La competencia de la Corte se rige por el principio de complementariedad.

No dispensa a los Estados de su responsabilidad primordial y no interviene salvo que estos no puedan llevar a cabo el enjuiciamiento, o hayan decidido no hacerlo, de los crímenes de su competencia.

La Corte no es un órgano de las Naciones Unidas. Forma parte, no obstante, del sistema internacional de lucha contra la impunidad y de prevención y gestión de crisis.

Al 11 de octubre de 2022, la Corte había incoado 31 causas y se habían abierto investigaciones referentes a 17 situaciones: Afganistán, Bangladesh/Birmania, Burundi, Costa de Marfil, Darfur (Sudán), Estado de Palestina, Filipinas, Georgia, Kenia, Libia, Malí, República Centroafricana I y II, República Democrática del Congo, Ucrania, Uganda y Venezuela (República Bolivariana de) I.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha abierto exámenes preliminares respecto de presuntos crímenes cometidos en Bolivia, Guinea, Nigeria y Venezuela (II).

Gobernanza de la CPI

El Estatuto de Roma ha creado tres órganos:

  • la Corte Penal Internacional;
  • la Asamblea de los Estados Partes;
  • el Fondo Fiduciario.

La Asamblea de los Estados Partes (AEP) está compuesta por los representantes de los Estados Partes. Ofrece orientaciones generales en el marco del respeto de la independencia de la Corte y toma decisiones que afectan a su funcionamiento (en particular, la elección de magistrados y del fiscal y la aprobación del presupuesto de la CPI).

El Fondo Fiduciario fue creado por la AEP para otorgar reparaciones individuales a las víctimas en cumplimiento de las órdenes de reparación emitidas por la Corte. Contribuye, además, a su rehabilitación mediante la recuperación psicológica y física y un apoyo material. El Fondo financió, en particular, diversos proyectos en Uganda, República Centroafricana y República Democrática del Congo.

La Corte Penal Internacional está compuesta por cuatro órganos:

  • la Presidencia (compuesta por tres magistrados), que se ocupa de las relaciones exteriores con los Estados, organiza la labor judicial de las secciones y supervisa el trabajo administrativo de la Secretaría;
  • las Secciones Judiciales —la Sección de Cuestiones Preliminares, la Sección de Primera Instancia y la Sección de Apelaciones—, que se ocupan de los procedimientos judiciales;
  • la Fiscalía, que realiza los exámenes preliminares, las investigaciones y los enjuiciamientos;
  • la Secretaría, encargada de los aspectos no judiciales, en particular de la seguridad, la interpretación, la información y la sensibilización, así como del apoyo a los abogados de la defensa y de las víctimas.

Proceso de reclutamiento de los magistrados de la CPI

La AEP elige, cada tres años, seis nuevos magistrados, esto es, un tercio de los 18 magistrados de la CPI, por un mandato de nueve años. La última elección de magistrados de la CPI tuvo lugar durante la AEP de 2020. La próxima elección tendrá lugar durante el vigesimosegundo período de sesiones en diciembre de 2023, en Nueva York.

Los candidatos al puesto de magistrado de la CPI son presentados por los Estados Partes. La elección de los magistrados se rige por un procedimiento único que pretende garantizar, en la medida de lo posible, que el tribunal esté equilibrado en relación con tres criterios: competencia jurídica, región y género.

Claude Jorda fue, en febrero de 2003, el primer magistrado francés elegido en la CPI y fue reemplazado por Bruno Cotte el 30 de noviembre de 2007, quien se mantuvo en funciones hasta el 31 de mayo de 2014. Marc Perrin de Brichambaut es el magistrado francés actualmente en ejercicio: su mandato se terminará en marzo de 2024.

El constante compromiso de Francia con la CPI

Francia contribuyó con la elaboración y la promoción del Estatuto de Roma y del papel de la Corte en el sistema global de lucha contra la impunidad. Este compromiso se traduce por un apoyo constante a la CPI.

De los compromisos de Francia, deben destacarse:

  • la promoción de la universalidad del Estatuto de Roma;
  • la plena cooperación con la Corte;
  • el apoyo a las ONG activas en este ámbito.

Francia promueve, asimismo, estos compromisos entre sus socios.
Estos compromisos se expresan también en el ámbito multilateral, en el Consejo de Derechos Humanos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). Francia procura, tanto como sea necesario, mejorar la cooperación de todos los Estados con la CPI en el marco de la implementación de las resoluciones del CSNU.

Gracias a la instigación de Francia, el CSNU remitió a la CPI la situación en Darfur y en Libia.

Los esfuerzos de Francia con respecto a la CPI se han visto incrementados con la implementación de un marco europeo para la lucha contra la impunidad. Francia organiza, cada año, eventos con el objetivo de destacar la acción y el papel que desempeña la CPI.

El 24 de octubre de 2022, el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores coorganizó con el Tribunal de Casación un coloquio sobre la complementariedad entre la CPI y los Estados, con ocasión de los 20 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma.

Sobre el cumplimiento de las obligaciones de cooperación con la CPI

La cooperación de Francia con la CPI es continua y sostenida.

El derecho penal francés fue modificado para cumplir con las obligaciones de cooperación y con el principio de complementariedad, previstos en el Estatuto de Roma. Francia responde a las solicitudes de cooperación judicial y brinda a la Corte, asimismo, una importante asistencia operativa. Es uno de los Estados que más coopera por fuera de los Estados en los que se investigan situaciones.

  • En 2021, Francia dio curso a unas treinta solicitudes de asistencia de la CPI. Transmitió a la CPI, además, unas diez solicitudes de cooperación provenientes de la Unidad Especializada encargada de la Lucha contra los Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes y Delitos de Guerra del Tribunal Judicial de París.
    Francia desempeño, asimismo, un importante papel en la creación y la implementación del Fondo Fiduciario, al cual realiza, cada año, una contribución voluntaria.

Francia es el tercer país que más contribuyó económicamente al presupuesto de la Corte en 2022 y firmó, el 11 de octubre de 2021, un acuerdo de cooperación sobre la ejecución de las penas dictadas por la Corte.

Francia fue uno de los primeros Estados que apoyó la implementación de una auditoría de la Corte con el objetivo de reforzarla.

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Actualización: octubre de 2022