Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales se elaboró en el Consejo de Europa. Presentado a su firma en Roma, el 4 de noviembre de 1950, entró en vigor en septiembre de 1953.
El Convenio definía, por una parte, una serie de derechos y libertades y organizaba, por otra, un mecanismo capaz de garantizar que los Estados respetaran sus respectivas obligaciones. Tres instituciones se repartían la responsabilidad de dicho control: la Comisión Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Comité de Ministros del Consejo de Europa, compuesto por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros o sus representantes.
Desde entonces, el mecanismo de control de los derechos garantizados por el Convenio se ha modificado en varias ocasiones. Fue objeto de una profunda reforma por el Protocolo n° 11, adoptado en 1994, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1998. Desapareció entonces la Comisión Europea de Derechos Humanos. Se suprimió de manera concomitante el poder de decisión del Comité de Ministros al tratar las demandas, y se creó un nuevo tribunal permanente al que puede acudir cualquier persona y presentar su demanda.
Las sentencias del TEDH que dan constancia de una infracción al Convenio tienen consecuencias prácticas reales y logran que los Estados interesados adopten las medidas oportunas para conformarse a ellas.
El número particularmente importante de casos presentados al Tribunal (139.650 asuntos pendientes al 31.12.2010; 151.600 al 31.12.2011; 128.100 al 31.12.2012) incitó a los Estados, a partir del Protocolo n° 14, a prever otras reformas durante las conferencias de alto nivel de Interlaken (2010), Izmir (2011) y Brighton (2012). Estas reflexiones llevaron a la redacción de un 15° protocolo que incluye diversas disposiciones para garantizar un tratamiento más eficaz de las instancias presentadas al Tribunal, y un 16° protocolo que organiza un procedimiento de dictamen consultivo abierto a las más altas jurisdicciones de los Estados partes.
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