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Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Marco institucional

Heredera del Pacto Andino de 1969 y creada en 1997, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) reunía hasta hace poco a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Desde la salida de Venezuela en abril de 2006, la CAN reúne al 17 % de la población total de América Latina, es decir, 97 millones de habitantes, en un territorio de 3,7 millones de km2 y cuenta con un PIB de 232.500 millones de dólares.

El marco institucional de la CAN está constituido por el Consejo Presidencial Andino, responsable de definir los objetivos políticos de la comunidad, el Parlamento Andino, órgano consultivo que desde hace poco se elige por sufragio universal, la Secretaría General, órgano ejecutivo, y el Tribunal de Justicia. El Secretario General, quien cuenta con la asistencia de directores generales, es elegido por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros. Tradicionalmente, esta decisión se adopta por unanimidad de votos.

El bajo nivel de compromiso de los países andinos conduce a una falta de peso de las instituciones de la CAN. Sus países miembros no están todos dispuestos a pagar del mismo modo el precio de una verdadera integración; están además sometidos a la fuerte atracción de otras estructuras regionales, como los Estados Unidos al norte y el MERCOSUR al sur y al este, ya que Perú y Bolivia son miembros asociados de esta organización.

Sin embargo, Chile solicitó, en ocasión de la última Asamblea General de las Naciones Unidas, reincorporarse a la CAN como miembro asociado, luego de 20 años de ausencia. Su candidatura fue aceptada de inmediato por decisión del 20 de septiembre de 2006. Este fue un gesto político importante hacia la Comunidad Andina que abarcará -en cierta medida, puesto que Chile no es miembro de pleno derecho- la totalidad de los países de la costa del Pacífico y podrá contar con un nuevo aporte presupuestario, más que bienvenido desde la separación de Venezuela.

Por su parte, México, que, al igual que Panamá, actúa como miembro observador de la Comunidad, tiene intenciones análogas a las de Chile, en cuanto a una posible adhesión en calidad de miembro asociado.

Estos nuevos acontecimientos tienden a favorecer un reequilibrio entre los dos grandes bloques regionales: la CAN, orientada hacia el Pacífico, y el MERCOSUR, orientado hacia el Atlántico. La reciente creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones apunta a acercar a estos dos subconjuntos y fundirlos, en el largo plazo, en una única organización continental [1].

Marco económico

La CAN es el segundo bloque económico del subcontinente, detrás del MERCOSUR, con un 37 % de la población del MERCOSUR y un 20 % de su PIB [2]. El intercambio comercial entre los cinco países alcanzó en 2004 un nivel histórico de 7.700 millones de dólares. Sin embargo, gran parte de este importe corresponde a Venezuela, que aumentó las ventas a sus socios en un 127 %, ascendiendo a 2.500 millones de dólares. Si bien este aumento se debe al crecimiento de las economías andinas, también refleja en gran parte el impacto del aumento de los precios del petróleo.

El intercambio comercial de la región andina con la UE representa el 13 % del total del intercambio comercial de la CAN, mientras que el comercio con Estados Unidos asciende a un 30 % de ese total. Este intercambio es asimétrico: la UE absorbe el 14 % de las exportaciones andinas, y la CAN el 0,4 % de las exportaciones europeas. La balanza comercial arroja un saldo favorable a los países andinos. Las exportaciones andinas se componen principalmente de materias primas y productos de primera transformación, mientras que la UE exporta productos de alto valor agregado.

Desafíos de la integración andina

Desafíos políticos

El ambicioso objetivo de implementar una política exterior común data de 1998. Este objetivo apunta a adoptar posiciones comunes, e incluso a armonizar las políticas extranjeras, pero no se han logrado resultados concretos hasta el momento. Por ejemplo, Colombia fue la única que apoyó la acción militar de Estados Unidos en Irak a partir de febrero de 2003.

Un acuerdo sobre la consolidación de los principios democráticos generó la firma de varios protocolos sobre el ejercicio de la democracia. En caso de ruptura del orden democrático en un país miembro, pueden aplicarse sanciones como por ejemplo la exclusión de las instituciones, la suspensión de proyectos o de préstamos.

La cooperación en materia policial y judicial (sobre todo en lo referente a la lucha contra las drogas), la libre circulación de bienes y personas y la mejora de las infraestructuras constituyen otros objetivos importantes.

Sin embargo, las dificultades políticas internas que, en diversos grados, afectan a los países miembros de la organización, no allanan el camino hacia la integración política.

Desafíos económicos

La creación de un mercado interino andino es uno de los principales desafíos. Esto comprende la adopción de un arancel externo común, la implementación de una política agrícola común y la armonización de ciertas legislaciones nacionales.

Los esfuerzos realizados hasta el momento por los países andinos en estos ámbitos aún no han permitido obtener los resultados esperados. La integración económica andina, que no ha avanzado en la forma deseada, debe hacer frente a dificultades de diversa índole: obstáculos geográficos (barreras naturales, mala navegabilidad de los ejes fluviales), tensiones políticas persistentes (riesgos de extensión del conflicto colombiano, inestabilidad en Bolivia y Ecuador), fuertes desigualdades en términos de desarrollo, atracción ejercida por las otras estructuras económicas regionales (Estados Unidos, MERCOSUR) y, recientemente, la salida de Venezuela.

Desafíos sociales

La agenda social cubre temas tales como la educación, la cultura, la formación profesional, la salud, la ciencia y las tecnologías, el desarrollo sostenible, el medio ambiente y la prevención de catástrofes. La Declaración de Machu Picchu sobre la democracia, los derechos de los pueblos indígenas y la lucha contra la pobreza apunta a aumentar la participación de la sociedad civil en el proceso de integración andina.

Relaciones entre la Unión Europea y la CAN

La UE y la CAN están vinculadas por un acuerdo de diálogo político y de cooperación, firmado en Roma el 15 de diciembre de 2003, cuyo texto será ratificado por Francia en breve. Este acuerdo prevé, entre otras cosas, un fortalecimiento de la cooperación para la integración regional y la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales en los ámbitos específicos de interés común. El apoyo de la Unión Europea a los países andinos representa anualmente cerca de 150 millones de euros.

Los países de la CAN, sin embargo, desean profundizar esta relación. Su aspiración es firmar un verdadero acuerdo de asociación que establezca una zona de libre comercio, lo cual se ha convertido en un “objetivo estratégico común” desde la cumbre de Guadalajara de mayo de 2004. Conformemente a las exigencias de Europa, un grupo de trabajo conjunto ha llevado a cabo una evaluación conjunta del estado de la integración económica en el seno de la CAN a partir de abril de 2005. Sus trabajos han permitido analizar en profundidad todos los parámetros de la integración económica, pero no se pudieron finalizar antes de la cumbre UE/ALC celebrada en Viena en mayo de 2006.

La CAN vivió una crisis profunda a partir de abril de 2006 luego de la separación de Venezuela, motivada por el acuerdo de libre comercio firmado anteriormente entre Perú y Estados Unidos, y las negociaciones en curso entre Washington y Quito. Por todo esto, la CAN se presentó a Viena debilitada, dividida, y con incertidumbre en cuanto a las intenciones de Bolivia, que había sido invitada por Venezuela a dejar la CAN para unirse al MERCOSUR.

Un mes más tarde, en junio de 2006, se reunió en Quito una cumbre extraordinaria que permitió adoptar un informe conjunto de evaluación sobre la integración regional. Se identificaron cuatro ámbitos prioritarios en los que se espera introducir mejoras: arancel externo común, armonización aduanera, transporte transfronterizo, liberalización de los servicios. Bolivia no solamente permaneció en la CAN sino que asumió la presidencia pro tempore del grupo con autoridad, y la UE pudo constatar que la armonía entre los miembros de la Comunidad Andina se había restablecido.

En estas condiciones, Bruselas decidió preparar un proyecto de mandato para los Estados miembros (directivas de negociación) antes de diciembre de 2006, con la condición de que la CAN presentara resultados concretos que demostraran progreso en los cuatro ámbitos clave antes mencionados. En caso de poder hacerlo, las negociaciones sobre el acuerdo de asociación podrían iniciarse en 2007.

Cooperación Francia - CAN

Nuestra cooperación, de un volumen considerable, se inscribe en el marco de un protocolo de cooperación Francia-CAN firmado en 1999 y está a cargo de la delegación regional de cooperación para los países andinos, que actualmente tiene su sede en Lima. En el año 2006, esta cooperación ascendió a EUR 500.000. La cooperación, que se concreta en acciones de formación y numerosos seminarios, tiene los objetivos siguientes:

-  el fortalecimiento del Estado de Derecho: cooperación en materia judicial y policial, especialmente para la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y el narcotráfico.

-  el apoyo a las políticas andinas de integración regional: integración andina y globalización, armonización de las políticas macroeconómicas, fortalecimiento del sistema andino de estadísticas.

-  el apoyo a la consolidación del sistema andino de investigación y desarrollo.

Puesta al día: 24.11.06


[1] En esta lógica, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, miembros del MERCOSUR, se convirtieron en miembros asociados de la CAN por decisión del 7 de julio de 2005 (Decisión 613 del Consejo Andino)

[2] Estos datos estadísticos tienen en cuenta el ingreso de Venezuela al MERCOSUR en julio de 2006


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