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El mediador de la República en los conflictos con la administración

Ante la creciente complejidad del arsenal legislativo y reglamentario que rige su vida cotidiana en un Estado de derecho, muchos franceses se desorientan y se sienten a veces abandonados o incluso injustamente perseguidos por la administración, buscando el modo de zafarse de las tribulaciones que les infligen los omnipotentes “servicios públicos”. Ayudarles en esta difícil empresa es la misión del Mediador de la República, “autoridad independiente al servicio del ciudadano”. Al frente de una institución creada hace treinta años y que se ha vuelto cada día más conocida y más accesible, su papel consiste precisamente en ayudar a resolver de modo amistoso los litigios entre el ciudadano y la administración. Cada año publica el balance de su actividad en un informe sometido al Presidente de la República y al Parlamento. También puede proponer reformas de los textos existentes, “cuando estima que la aplicación de disposiciones legislativas y reglamentarias lleva a dificultades contrarias a la equidad”. Esta última facultad constituye en cierto modo el aspecto preventivo de su cometido, que apunta evitar el surgimiento de nuevos conflictos.

Designado el 2 de abril de 1998 con un mandato de seis años, el actual Mediador de la República, Bernard Stasi, ex-ministro, es el 6º titular de dicha función. No depende de la administración pública ni del gobierno, no recibe instrucciones de ninguna otra autoridad y no puede ser revocado. En el informe del año 2001, que acaba de presentar, indica que 58.591 ciudadanos (esto es, un 8,3 % más que el año anterior) recurrieron a él o a los 232 delegados locales que lo asisten desinteresadamente en toda Francia.

Más de la mitad de esos recursos eran meras solicitudes de información y no reclamaciones referentes a litigios. Gracias a ellas, Bernard Stasi ha podido desarrollar un aspecto de su misión al cual atribuye particular importancia, más allá del tratamiento puramente jurídico de las reclamaciones: una acción pedagógica de explicación de leyes y reglamentos que, a menudo, recluyen al ciudadano en una maraña inextricable de procedimientos obligatorios y mal entendidos. Esta voluntad de “mediación de proximidad” en ayuda de una población que suele experimentar una sensación de “inseguridad administrativa” es lo que lo ha llevado a instaurar una red de delegados locales cuyo número crece regularmente (eran 260 en 2002, y deberían ser unos 400 en 2003) y que acogen al público en las prefecturas, pero también en locales ad hoc en los barrios considerados “peligrosos”. Estos delegados, que en 2001 tramitaron más de 53.000 casos, ofrecen a los reclamantes la capacidad de escucha y de asesoramiento que es una de sus cualidades eminentes.

Todo particular, cualquiera sea su nacionalidad, y toda persona moral (asociación, sociedad, sindicato o empresa) puede recurrir gratuitamente al Mediador de la Reública. Pero debe hacerlo por intermedio de un parlamentario (diputado o senador) y haber previamente efectuado un trámite directo ante la administración en cuestión. La sede del Mediador en París sólo recibe peticiones escritas, transmitidas en conformidad con estas reglas. Entonces el Mediador procede a verificar que la solicitud es admisible y que es de su competencia, a examinar luego a fondo el expediente y, si la reclamación le parece justificada, a entablar una negociación con la administración para hallar una solución amistosa al litigio. En 2001, sus intervenciones han sido coronadas por el éxito en el 80 % de los casos.

Por su parte, los delegados del Mediador reciben directamente a los ciudadanos en dificultades. Pueden intervenir por sí mismos ante las administraciones locales, ayudar a los reclamantes asesorándolos con respecto a los trámites que hay que efectuar y, de no ser posible una solución a nivel local, orientarlos hacia otros interlocutores o ayudarles a constituir un legajo final que habrán de entregar a un parlamentario y destinado al Mediador. También en 2001, la intervención de los delegados ante la administración local dio un resultado satisfactorio en un 76 % de los casos.

Desde hace cinco años Bernard Stasi sigue una acción decidida encaminada a “promover una cultura de la transacción, del respeto mutuo, en lugar de la cultura de conflicto”, haciendo de la institución que encabeza “un punto de convergencia de las insatisfacciones, pero también de la concertación”..

Los motivos de descontento que llevan a los interesados a recurrir a él son principalmente de orden social (secugridad social, seguro de desempleo, pensiones, empleo, ayuda social y política a ancianos o discapacitados), tributario (impuestos, derechos por prestaciones audiovisuales) o general, tales como el derecho de residencia, la adquisición de la nacionalidad francesa, problemas de exámenes o de becas escolares o dificultades de los agricultores.

La lectura del último informe del Mediador revela conflictos insospechados. Por ejemplo, un paciente hospitalizado, violentamente agredido por otro, fue invitado por el hospital a pagar la atención médica que se lo prodigó a raíz de dicha agresión, y cuyo monto excedía sus posibilidades. El agresor, condenado por un tribunal, era insolvente. Gracias a la intervención del Mediador, el centro hospitalario accedió a anular dicha deuda.

Al mismo tiempo, Bernard Stasi despliega gran actividad en relación con los derechos humanos. Ha comunicado su experiencia a países en vías de democratización deseosos de informarse sobre el funcionamiento de la institución que él preside (inspirada en el ombudsman sueco que, desde 1809, asume una función de mediación entre el Rey y sus súbditos) y en el marco jurídico que lo encuadra. Por otra parte, como presidente de la Asociación de Ombudsmen y Mediadores de la Francofonía (AOMF, que congrega a 44 miembros representantes de 31 países), ha entablado estrechas relaciones con los mediadores de los dembs países europeos y ayuda a los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea a dotarse de instituciones semejantes. El Mediador francés representa también a Europa en el seno del Instituto Internacional del Ombudsman, que reúne a más de 200 mediadores del mundo entero.

Un detalle importante: el mediador no puede intervenir de ninguna manera en litigios entre particulares o con una administración extranjera, ni interferir en el desarrollo de un procedimiento jurisdiccional o impugnar la justificación. de una decisión judicial. Hay que decir que ya tiene bastante quehacer con las diversas administraciones francesas...

Site internet: http:// www.mediateur-de-la-republique.fr

(Fuente: "Actualité en France", Claudine Canetti (01/03))


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