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La independencia jurídica

Illust: Consejo de Estado,, 6.3 ko, 133x200
Consejo de Estado, París.
Órgano supremo de la juris-
dicción administrativa, ve las
causas contra la administración.
Los delitos contra las personas,
los bienes y la sociedad son
competencia de la
jurisdicción ordinaria.
© Claude Stéfan / M.A.E.

La gestación de una administración estatal fuerte y centralizada se inicia bajo el Antiguo Régimen, pero será la Revolución francesa la que la dotará de un marco legal propio, haciendo de la administración un espacio jurídico específico, especialmente con la ley del 16 y 24 de octubre de 1790 que prohibe a los magistrados, bajo pena de prevaricación, inmiscuirse en las funciones de la administración. Dirigida en un principio a impedir que los magistrados tuviesen influencia en la vida política y legislativa, como había sido el caso de los Parlamentos bajo el Antiguo Régimen, la prohibición condujo a la separación entre derecho público -derecho de la administración- y derecho privado -derecho de los particulares- y al establecimiento, iniciado bajo el Primer Imperio y desarrollado a lo largo del siglo XIX, de dos órdenes jurisdiccionales paralelos (tribunales judiciales y tribunales administrativos). La frontera entre ambos sistemas no es infranqueable, y sus respectivos terrenos de actuación han ido experimentado cambios según el ritmo, primero, de la expansión de la esfera de acción del Estado y, después, de su retracción, pero la permanencia y la consolidación de ese dualismo es una particularidad francesa. Ningún otro estado democrático, especialmente de la Europa continental, ha establecido esa dualidad de forma tan netamente separada.

El sometimiento de la administración al derecho público no significa menores garantías para el ciudadano. La creación del derecho administrativo ha coincidido con el desarrollo de un contencioso confiado a jurisdicciones (en primer lugar el Consejo de Estado, después los tribunales administrativos, hasta la creación en 1987 de los tribunales administrativos de apelación) cuyos magistrados han gozado siempre de un estatus similar al de sus colegas del orden judicial.

Dichas instancias jurisdiccionales han ido construyendo, a través del control de legalidad, un régimen de protección del administrado a partir de los principios generales jurisprudenciales del derecho extraídos de los derechos fundamentales. Esta construcción jurídica ha protegido al ciudadano contra la administración y la potestad reglamentaria mucho antes de que el control de constitucionalidad de las leyes se ejerciera efectivamente (1971).


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