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Estado y ciudadanos

Desde la Revolución francesa, el Estado y los ciudadanos aparecen indisolublemente unidos. En la doctrina de los revolucionarios de 1789, el Estado es la forma organizada de la nación, conjunto indiviso de los ciudadanos. Esta interfaz entre Estado y nación se traduce en la participación de los ciudadanos en la organización estatal mediante la designación de aquéllos que ejercen las funciones de gobierno.

En un principio, los revolucionarios de 1789 contemplaban una participación directa a través de la elección de todos los cargos administrativos, incluidos los judiciales y religiosos (constitución civil del clero), pero rápidamente fueron multiplicando las derogaciones: primero por la distinción entre ciudadanos pasivos y ciudadanos activos, preludio de la extensión del sufragio censatario hasta la introducción del sufragio universal masculino en 1848, y más tarde femenino en 1944; después por la generalización del sistema representativo en el ámbito político y la profesionalización en la esfera administrativa.

En sus relaciones con el Estado y su administración, el ciudadano se encontró rápidamente en una situación jerárquica de administrado frente a un cuerpo separado, dotado de sus propias reglas y de una organización específica. La administración estatal, que no tardó en recuperar algunos rasgos de la administración real del Antiguo Régimen, quedó especialmente marcada por la reorganización efectuada bajo el Primer Imperio, caracterizada por la centralización y la independencia jurídica, rasgos que dejarían una huella perdurable, creando un «modelo» que ha sobrevivido en buena medida a las grandes mutaciones del siglo XX.

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