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Una institución en movimiento

A finales del siglo XIX la escuela primaria para todos se distinguía claramente de la enseñanza secundaria reservada a las capas más favorecidas de la sociedad. La progresiva prolongación de la escolaridad obligatoria (de 6 a 13 años en 1882, a 14 en 1936 y a 16 en 1959) ha introducido una continuidad entre los dos primeros niveles de la enseñanza: la escuela primaria y el «colegio único», que se abre a todos en 1975. Esta apertura democrática ha ido acompañada, naturalmente, por un aumento de la heterogeneidad social de los alumnos. Posteriormente, la mayoría de los alumnos inicia el bachillerato, etapa en la que se acrecienta la distancia entre éxito y fracaso escolar y en la que se concentran los mayores problemas de orientación: los diferentes itinerarios, que conducen a distintos bachilleratos, no gozan todos del mismo prestigio; el tránsito de uno a otro es infrecuente y tienden a reproducir las jerarquías sociales.

Aunque se ha dotado de medios especiales a los centros escolares de las ZEP, y se presta en ellos una mayor atención a los currículos individuales, no basta para contrarrestar los efectos de la segregación social y geográfica. Queda pues mucho por hacer para garantizar en la escuela el principio republicano de igualdad.

En lo que atañe a la forma de gestionar el mundo escolar las cosas evolucionan con más rapidez: la gestión administrativa y financiera se ha ido desplazando del ámbito nacional -programas idénticos, exámenes idénticos y concursos para los alumnos, estatutos idénticos para los docentes- al local. Los funcionarios del Estado con responsabilidades locales, como son los directores de centros, inspectores, etc., ya no son solo cargos ejecutivos. Tienen hoy mayor autonomía para realizar sus proyectos, son responsables de sus presupuestos y deben responder ante el Estado de los resultados obtenidos. Desde las leyes de descentralización de 1983, y para la satisfacción de todos, la enseñanza primaria y el colegio único dependen de los departamentos y el bachillerato de las regiones. En 2004 una nueva fase de descentralización les transfiere la plena propiedad de los edificios y la gestión del personal, técnicos, obreros y personal de servicios. Las regiones son responsables de la formación profesional continua. En la actualidad, las entidades locales aportan el 21% de los gastos de educación. En esa misma línea de proximidad, los padres de alumnos están representados en las diferentes instancias consultivas a todos los niveles, centros, departamento, academia.

Fuente : France 2008, La Documentation Française


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