Delincuencia organizada

Francia y la lucha contra la delincuencia organizada

Las definiciones de la delincuencia organizada de la Unión Europea y de Naciones Unidas coinciden en varios aspectos. Es el producto de un «grupo estructurado que se asienta en el tiempo y actúa de forma conjunta para cometer delitos para sacar un rédito material o económico».

La delincuencia organizada, que tiene vocación transnacional, abarca todos los grandes tráficos: de drogas, de seres humanos, de armas, de vehículos robados, de fauna y flora salvaje, etc. La corrupción y el blanqueo de dinero son sus consecuencias.

Con el aumento de la movilidad de las personas, de los bienes y de los capitales, esta delincuencia ha evolucionado notablemente y utiliza las nuevas tecnologías, no solo para blanquear dinero, sino también para perfeccionar sus actividades y crear otras nuevas (ciberdelincuencia).

La lucha contra la delincuencia organizada es uno de los desafíos más importantes para la comunidad internacional. A día de hoy, representa, junto con el terrorismo, la amenaza no militar más importante contra la seguridad interior y la estabilidad económica internacional.

Aunque es difícil de cuantificar, se cree que el volumen global de la delincuencia organizada asciende a un billón de euros anuales.

En un contexto en el que la delincuencia no conoce fronteras estatales ni soberanías nacionales, es indispensable tener un enfoque integrado de la lucha contra la delincuencia y reforzar la cooperación internacional, en especial entre los organismos judiciales y las fuerzas de seguridad. Así, Francia desempeña un papel activo en las instancias multilaterales que tratan de este tema a la vez que vela por garantizar la coherencia y la eficacia de estos distintos foros.

En el plano nacional

Francia ha completado su arsenal jurídico gracias a la aprobación de la Ley n.º 2004-204 de 9 de marzo de 2004 de adaptación de la justicia a las evoluciones de la delincuencia llamada "Loi Perben II", que refuerza los dispositivos existentes de lucha contra la delincuencia y el crimen organizados, aplicando, entre otros, medios de investigación adicionales.

En la Unión Europea

A escala europea, Francia aboga por un refuerzo de la cooperación en seguridad mediante la creación de equipos de investigación conjuntos y de centros de cooperación policial y aduanera (CCPA). En la actualidad existen 10 CCPA en Francia o en otros países, en colaboración con Suiza, Alemania, Bélgica, España (4), Italia (2) y uno cuatripartito que reúne a France, Alemania, Bélgica y Luxemburgo.

El Tratado de Prüm de 2005 (Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos), que prevé el intercambio de datos personales, incluidas las huellas genéticas o dactilares, así como la organización de patrullas conjuntas y la orden de detención europea adoptada en 2002, representan avances importantes en la lucha contra la delincuencia organizada.

La estrategia de seguridad interior (2010-2014), elaborada para permitir a la Unión Europea reaccionar ante las amenazas existentes y emergentes para la seguridad de la sociedad europea y sus ciudadanos, está en fase de revisión. Cinco objetivos estratégicos destacan en la estrategia de seguridad interior 2010-2014:

1) desarticular las redes de la delincuencia internacional

2) prevenir el terrorismo y abordar la radicalización y la captación

3) aumentar los niveles de seguridad de los ciudadanos y las empresas en el ciberespacio

4) reforzar la seguridad a través de la gestión de fronteras

5) reforzar la resistencia de Europa frente a la crisis y las catástrofes. También define directrices y principios comunes subyacentes, siempre respetando plenamente los derechos fundamentales, un «modelo europeo de seguridad» y con el objetivo de continuar desarrollando políticas e instrumentos comunes gracias a un enfoque mejor integrado.

Francia, que es un socio importante en la construcción de un espacio común de seguridad, libertad y justicia participa también de forma activa en el desarrollo del papel de Europol: la misión de esta organización, creada en 1999 y con sede en La Haya, es facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros y llevar a cabo análisis de la delincuencia y evaluar la amenaza. Constituye una pieza fundamental del dispositivo de lucha contra la delincuencia organizada transnacional junto con Eurojust (creado en 2002 y con sede en La Haya), su equivalente en el ámbito de la justicia.

En Naciones Unidas y en el G7

La aplicación de la Convención de Palermo

Francia participa en los trabajos de las distintas instancias internacionales, al frente de las cuales se encuentra Naciones Unidas: Francia ha desempeñado un papel muy activo en la negociación de una Convención contra la delincuencia organizada transnacional, a la que complementan unos protocolos contra la trata de personas, el tráfico de migrantes y el tráfico de armas de fuego. Francia firmó estos tres primeros instrumentos en el momento de su apertura para la firma el 12 de diciembre de 2000 en Palermo y los ratificó el 29 de octubre de 2002.

La aportación de la Convención de Palermo se basa en los tres elementos siguientes:

  • la elaboración de definiciones universales de varios conceptos fundamentales en derecho penal relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada (grupo delictivo organizado, delito grave, producto del delito, etc.);
  • el acercamiento de las legislaciones penales, obligando a los Estados a elevar a infracción penal la participación en un grupo delictivo organizado, el blanqueo de dinero, la obstrucción a la justicia y la corrupción;
  • el desarrollo de la cooperación judicial internacional, creando procedimientos de asistencia judicial y de extradición en un marco universal. También se prevén disposiciones específicas para permitir la localización del dinero sucio y la incautación y el decomiso de los activos producto del delito.Al igual que la Convención, los Protocolos adicionales son ante todo instrumentos represivos. El Protocolo contra la Trata de Personas obliga a los Estados a incluir en su legislación penal infracciones que permitan perseguir a los grupos delictivos organizados que practiquen la trata. Contiene una definición amplia de la trata que abarca la explotación sexual, el trabajo forzoso, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

El Protocolo contra el Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire obliga a los Estados a perseguir a los traficantes que intenten hacer entrar clandestinamente a los inmigrantes pero también a aquellos que los ayuden a permanecer de forma ilegal en el territorio receptor.

Ambos protocolos incluyen además la obligación para los Estados de repatriar a sus nacionales y residentes permanentes que hayan sido víctimas de trata o de tráfico de migrantes.

El Protocolo contra el Tráfico de Armas de Fuego introduce disposiciones paralelas a las de los protocolos contra la trata de seres humanos y contra el tráfico de migrantes. Francia está ajustando su legislación nacional para poder ratificarlo.

La aplicación de la Convención de Palermo se basa en una conferencia de los Estados partes cuya última sesión se celebró en Viena del 6 al 10 de octubre de 2014.

La aplicación de la Convención de Mérida

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada en Mérida en diciembre de 2003, establece por primera vez en derecho internacional un principio de restitución del producto de los delitos de malversación de fondos públicos y de blanqueo de estos fondos. La aplicación de la Convención de Mérida también se basa en una conferencia de los Estados partes. Francia participa de forma activa en las negociaciones que permiten elaborar estas normas penales internacionales, ya se trate de recomendaciones, de resoluciones o de instrumentos más vinculantes. La última conferencia de los Estados partes de la Convención de Mérida se celebró del 25 al 29 de noviembre de 2013 en Panamá.

Aunque no produzca normas, el grupo «Lyon-Roma» del G7 constituye un grupo de reflexión y de intercambio de experiencias especialmente útil. Sus trabajos se centran en los aspectos siguientes:

  • apoyo a la aplicación de las convenciones de Naciones Unidas contra la corrupción (Mérida) y la delincuencia organizada transnacional (Palermo);
  • lucha contra la pornografía infantil en internet;
  • lucha contra el antisemitismo, el racismo y la xenofobia en internet;
  • mejora de la localización de los activos terroristas y del delito;
  • biometría;
  • lucha contra el fraude documental.Desarrollo de una cooperación operativa

La Organización Internacional de la Policía Criminal (OIPC-Interpol), creada en 1923, tiene su sede en Lyon. Dispone de una red de comunicación policial mundial segura y de bases de datos operativas. Interpol proporciona apoyo operativo y formativo a los servicios de policía. También pone en marcha grupos de trabajo para aumentar los intercambios sobre las investigaciones, permitir análisis criminales y llevar un registro estadístico.

Con su servicio de cooperación técnica internacional de policía (la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior), que es uno de los más densos del mundo, Francia da prioridad a las acciones de cooperación que tienen un fuerte potencial de retorno en cuestiones de seguridad interior para nuestro país atacando las redes criminales desde la raíz o en los países de tránsito.

Por otra parte, cada año se firma un gran número de acuerdos bilaterales de seguridad interior, un dispositivo que se completa con la cooperación multilateral, ya que Francia colabora cada vez más con iniciativas subregionales, regionales o mundiales.

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Actualización: octubre de 2014

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