Más allá de las reestructuraciones administrativas y la renovación de la gestión pública, la reforma del Estado implica una dimensión política de reorganización del poder y una profunda transformación cultural de todos los actores. El enfoque propuesto por la estrategia francesa de gobernanza no contempla un régimen institucional particular, sino el apoyo a modelos y políticas públicas específicos de cada sociedad. Se articula en torno de los procesos de toma de decisiones que traen aparejados las dinámicas y las interacciones entre el conjunto de los actores (instituciones, sector privado, sociedad civil), escalas de territorios y ámbitos de la sociedad (político, económico, social, cultural).

De hecho, bajo la influencia de los cambios económicos y sociales, hoy las fronteras tradicionales del Estado se ven transformadas por su apertura y su interacción con los otros actores. Se asiste a la búsqueda de colaboraciones innovadoras con el sector privado en favor del desarrollo. Respondiendo a una importante demanda social, los Estados también deben abrirse a la sociedad civil y a los ciudadanos, mediante la participación, la creación de espacios de diálogo, la transparencia, la responsabilidad, el acceso a la información y la obligación de rendir cuentas. Estos principios democráticos así como la equidad, la independencia de la justicia y los Parlamentos, la defensa de los principios de un Estado de Derecho, la promoción de los derechos humanos y de las libertades públicas son garantes de la confianza de la población en el gobierno, y, por consiguiente, de la legitimidad y la estabilidad de las instituciones. Asimismo, el Estado debe demostrar una capacidad de adaptación permanente al medio ambiente y al contexto sociopolítico y cultural para responder lo mejor posible a los retos que enfrenta el país.

Los Marcos Estratégicos de Lucha contra la Pobreza (CSLP), que agrupan en un documento único las estrategias de desarrollo de un país (política de crecimiento, política sectorial), son redactados por el país mediante un proceso participativo, con lo que se permite a la sociedad civil contribuir a la elaboración de las políticas públicas. La implementación de los CSLP de primera generación estuvo caracterizada en su totalidad por una falta de apropiación y operacionalidad de estos documentos. Dentro de este contexto, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores lanzó una reflexión estratégica destinada a volverlos plenamente operacionales. Se trata en particular de promover la implicación del conjunto de los componentes de la sociedad y los asociados exteriores del desarrollo en la definición, la implementación y el seguimiento-evaluación de las estrategias de reducción de la pobreza. De esta manera, favorece la creación de espacios de diálogo específicos y el refuerzo de las capacidades, en particular, de los actores no gubernamentales por la educación, la formación y la información (sindicatos, ONG, sector privado).

Así es como el Estado sigue siendo, en el centro de estos procesos negociados, un actor indispensable para el desarrollo socioeconómico. La visión francesa no promueve que haya menos Estado, sino un Estado refundado, garante del interés general. En efecto, es el único capaz de asumir las misiones que hacen al monopolio de la coerción (funciones de regalía), asegurando la protección colectiva (seguridad) y el mantenimiento de la cohesión social (servicios públicos, educación, reglamentación).