La lucha contra la pobreza y la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio necesitan el respaldo de instituciones públicas estables y reconocidas, capaces de garantizar a las poblaciones seguridad y acceso a los servicios públicos esenciales, piedras angulares del desarrollo. La refundación del Estado y el refuerzo de las capacidades de las administraciones constituyen entonces un elemento central de la política de cooperación francesa. Ofreciendo la oportunidad de un diálogo con el conjunto de los actores, estos procesos contribuyen al refuerzo de la legitimidad de la acción pública y del Estado de Derecho.

Se trata de acompañar a los Estados en la redefinición de su perímetro de acción frente a la descentralización, a la aparición de nuevas formas de colaboración con el sector privado, pero, ante todo, alentar su apertura hacia la sociedad civil a través de la participación, la transparencia y la responsabilidad. En estos ámbitos, el refuerzo institucional resulta esencial para que el Estado pueda desempeñar su papel de regulador, defensor de las libertades individuales, animador y árbitro, garante de la defensa del interés general.

Más allá de una mera reforma técnica, la modernización del Estado incita a interrogarse acerca del papel de las instituciones públicas y las modalidades de gobernanza.